El 5 de junio de 2020 las organizaciones del sector de la Educación Infantil firmaron una Declaración Conjunta en la que se pone de manifiesto su preocupación por su situación en el contexto del COVID-19.

Este documento, que ha sido suscrito por las organizaciones patronales ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, SALVEM 0-3, y las organizaciones sindicales CC.OO., FeSP-UGT, FSIE y USO, todas ellas integrantes de la Mesa Negociadora del XII Convenio Colectivo de Ámbito Estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil, recoge una serie de medidas necesarias para el sector, por lo que se enviará a los Ministerios de Educación, Sanidad, Trabajo, Seguridad Social, Economía y Hacienda.

Se trata de garantizar la viabilidad de un sector, el de Infantil 0-3 años, que ya venía sufriendo dificultades económicas estructurales, y que se han visto agravadas por el actual estado de alarma.

En la Declaración Conjunta se plantean unas necesidades que deben ser atendidas por las autoridades competentes:

  • Que los ERTE de fuerza mayor que se presentaron por parte de las empresas cuando se estableció el cierre de los centros se mantengan hasta que se normalice la actividad educativa presencial. Igualmente es importante que se mantengan las exoneraciones totales en las cotizaciones por parte empresarial a la Seguridad Social.

La prórroga de los ERTE tiene que conllevar que la necesidad de desafectar trabajadores para un reinicio lento de la actividad no conlleve un cambio en las condiciones de cotización de los trabajadores que aún se mantengan en el ERTE. 

  • Es imprescindible que la autoridad sanitaria dicte las normas, específicas y concretas, que permitan la reapertura de dichos centros con todas las garantías higiénico-sanitarias, tanto para el alumnado como para los trabajadores. Hay que tener en cuenta las características de este sector en el que el distanciamiento social resulta imposible de mantener con un alumnado que interactúa con quienes les rodean, además del permanente contacto físico necesario en las innumerables situaciones que se producen en los centros en materia de seguridad, higiene y alimentación.

Estas normas deberán ser de aplicación desde que se determine, por parte de las CC.AA., la reapertura de estos centros, para prevenir posibles contagios.

  • El sector necesita con carácter de urgencia la adopción de medidas fiscales, laborales y económicas que permitan garantizar el sostenimiento de los centros y el mantenimiento del empleo.
  • La constitución de una Mesa Sectorial de la Educación Infantil permanente en la que se puedan negociar las cuestiones específicas del sector.

En Escuelas Católicas somos conscientes de las necesidades de estos centros, que históricamente vienen sufriendo dificultades económicas estructurales, debidas básicamente al descenso de la natalidad en nuestro país y a la insuficiencia de las políticas de infancia por parte de todas las administraciones públicas. Ahora, en el contexto del COVID-19, se encuentran muchos de estos centros en una situación límite, por la reducción de sus ingresos.

Por todo ello, hemos trabajado para alcanzar un consenso entre las organizaciones del sector que culminase con la firma de esta Declaración. Por otra parte, también estamos colaborando con CEOE para que en la Estrategia España para la recuperación de la crisis del COVID-19 se incluya la Educación Infantil como un sector especialmente afectado, por lo que necesita la aplicación de medidas especiales.

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