El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha sometido a audiencia e información pública un anteproyecto que tiene por objeto la adopción de diversas medidas para la mejora del sistema educativo, entre las que destaca, por su importancia práctica para los centros privados (concertados o no) y para la reflexión que debemos hacer sobre la bondad de esta medida, la reducción progresiva de la ratio máxima del número de alumnos por unidad escolar en todos los niveles educativos de los centros de enseñanza reglada.
Este proceso se prevé que esté culminado al inicio del curso escolar 2031/2032, concreta únicamente, por el momento, la reducción en educación Primara (22 alumnos) y en Educación Secundaria Obligatoria (25 alumnos), computándose cada alumno con Necesidades Educativas Especiales como dos plazas, y posponiendo seis meses la reducción en el resto de niveles.
Sorprende, en primer lugar, que una decisión de este calibre haya sido objeto de negociación únicamente entre el Ministerio y las organizaciones sindicales de la enseñanza pública, siendo unas medidas que afectan a todos los centros. En ese sentido, resulta inexcusable, y no puede considerarse que es suficiente el trámite de audiencia e información pública, la exclusión de la negociación de los representantes de la enseñanza privada, tanto la que está sostenida con fondos públicos como la que no.
Una decisión de este calibre debe ser consensuada con todos los agentes educativos y exige una reflexión serena sobre las consecuencias de su aplicación, especialmente para los centros concertados, que se enfrentan históricamente a un déficit en su financiación que se verá agravado por estas medidas si no se acompañan de recursos apropiados.
Ciertamente, una reducción de las ratios máximas podría servir para mejorar la calidad educativa (aunque reducción no es siempre sinónimo de mayor calidad) y aliviará el riesgo de pérdida de unidades concertadas, al requerirse un menor número de alumnos para su mantenimiento; pero, al mismo tiempo, supondrá una pérdida importante de ingresos por las actividades y servicios complementarios y las actividades extraescolares, que sin tener ánimo de lucro contribuyen al mantenimiento de los centros concertados paliando su déficit. Esto resulta especialmente grave en el caso de los Bachilleratos privados integrados, cuyo coste puede llegar a hacer inviables su proyectos educativos, impidiendo que los alumnos de los centros concertados puedan continuar sus estudios en su centro.
Por ello, desde Escuelas Católicas consideramos que estas medidas deben venir acompañadas de diálogo y negociación con todos los agentes implicados en la educación, así como de otras decisiones como el incremento de la partida de otros gastos para los centros concertados, y el que de verdad se dote a todos los centros sostenidos con fondos públicos de los recursos humanos y materiales necesarios para la adecuada atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
En definitiva, nos hallamos ante una decisión controvertida, no suficientemente debatida y respecto de la cual nos gustaría conocer tu opinión: ¿la reducción de ratio alumnado/unidad escolar es positiva o negativa para la enseñanza en general y para los centros concertados integrados en particular?
Juan Manuel Ruiz Santana
Director de la Asesoría Jurídica de Escuelas Católicas
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