Tras cuatro años de vigencia del actual VII Convenio (incluidas dos prórrogas), de un convenio colectivo que se negoció de forma rápida tras la pandemia y con un carácter continuista del anterior, que databa de 2013, nos encontramos en este mes de octubre de 2025 en un momento decisivo para la negociación colectiva.
Ante la existencia de numerosa normativa en tramitación que puede afectar al contenido del convenio (nuevas ratios máximas alumno/aula, reducción de la jornada máxima, salario mínimo interprofesional, control de registro de jornada, etc.), se nos plantea como una primera opción alcanzar el acuerdo de prorrogar el convenio un año más mediante la negociación de algunos aspectos puntuales que justifiquen esa prórroga, de forma que pospongamos el grueso de la negociación para cuando el marco a aplicar esté más definido.
Sin embargo, y como ya he dicho antes, nos encontramos con un convenio colectivo que, pese a los retoques que se le han hecho, sigue teniendo su base en la redacción dada en 2013, y es evidente que la sociedad, el mundo educativo y la realidad de los centros concertados ha cambiado, y mucho, en estos 12 años. Esto hace que como una segunda opción se nos plantee una negociación más en profundidad del convenio, que permita actualizarlo a las necesidades actuales y prever las que ya se perciben como futuras, sin necesidad de esperar a que se concreten las modificaciones normativas en tramitación (que, por otro lado, y sin ninguna duda, forman parte de un proceso al que se están incorporando constantemente nuevas propuestas). Ciertamente que esta segunda opción conlleva un cierto riesgo por la posible confluencia del proceso negociador con próximas elecciones sindicales del sector con carácter general, pero ello no debería ser un obstáculo.
Denunciar un convenio (en este caso, como suele ser habitual, por parte de los sindicatos negociadores) no debe ser entendido como una agresión ni como un deseo de generar conflicto. La denuncia, pese a la fuerza de la palabra, no implica sino la voluntad de negociar un nuevo convenio colectivo, sin que se genere ningún vacío normativo porque mientras esa negociación se produce se seguirá aplicando el VII Convenio.
En estos momentos, y hasta que finalice el presente mes de octubre de 2025, no sabemos cuál de las dos opciones será la que se adopte por los agentes negociadores, pero lo que sí tenemos claro es que nuestra voluntad es llevar a cabo una negociación de buena fe, que respete los legítimos derechos de los trabajadores y que incluso, en la medida de lo posible, los mejore, pero sin olvidar la realidad en la que se encuentran los centros de enseñanza concertada, la insuficiencia de su financiación y la necesidad de que, en beneficio de todos, nuestros proyectos educativos, carentes de ánimo de lucro, sean sostenibles y con proyección de futuro.
Juan Manual Ruiz
Director de la Asesoría Jurídica de Escuelas Católicas
