El informe “Monitor de la Educación y la Formación de 2020. España” de la Comisión Europea señala que en España “se está produciendo una reforma integral de la ley de educación y su éxito dependerá en gran medida de que se alcance un amplio consenso social y político”. Sin embargo, la LOMLOE acaba de superar el primer y decisivo trámite en el Congreso con 176 votos a favor, 148 votos en contra y 17 abstenciones. Es la ley educativa con menor apoyo parlamentario en toda la democracia. A la falta de consenso político se une la falta de consenso social, con una parte importante de la comunidad educativa en contra, como lo atestiguan las más de un millón ochocientas mil firmas recogidas y las movilizaciones cívicas que se están desarrollando en toda España. Como bien indicaba el Secretario General de Escuelas Católicas en una tribuna en el diario El País, débil es una ley educativa, la LOMLOE, “que no pone las bases para un pacto educativo, político y social, que se convierte en problema cuando debería ser parte de la solución”.
Toda la sociedad española está clamando por un pacto que dé estabilidad al sistema educativo y evite esta sucesión de reformas (una cada 5 años) que no conduce a lugar alguno. Es imprescindible para ello recuperar el espíritu de concordia y de diálogo sincero y la voluntad de alcanzar acuerdos. Si fue posible alumbrar la Constitución Española desde esas premisas, ¿no va a ser posible alcanzar ese pacto educativo que se traduzca en una norma con amplio apoyo político y social?
Los dos principales partidos políticos de este país, PSOE y PP, tienen la principal responsabilidad de llegar a ese acuerdo político. Para eso les pagan el sueldo los ciudadanos, para solucionar problemas y no para enquistarlos indefinidamente. El Partido Popular, lastrado por el mal recuerdo de la paralización de la LOCE de 2002 (otra ley sin consenso), terminó abandonando el diálogo por el pacto educativo que promovió el ministro Gabilondo en el año 2010. Al final, de vuelta en el Gobierno, aprobó la LOMCE en 2013, con su mayoría absoluta, pero cosechó también el rechazo de todo el resto del arco parlamentario. El ministro José Ignacio Wert probablemente no tenía ni la preparación, ni el ascendente político, ni el talante para tamaña empresa. No obstante, a última hora, ya con el ministro Méndez de Vigo, intentaron reconducir la situación, y retrasaron (RD-Ley 5/2016, de 9 de diciembre) la implantación de algunos aspectos de dicha Ley para propiciar un proceso diálogo que condujese al Pacto de Estado, Social y Político por la Educación. Se creó la Subcomisión del Congreso para el pacto educativo el 21 de diciembre de 2016, y tras 16 meses de trabajos, el 6 de marzo de 2018, el PSOE abandonó la subcomisión y con ello las posibilidades de alcanzar algún acuerdo.
Hasta aquí podríamos decir aquello de “tal para cual”. Sin embargo, cabe preguntarse si la situación actual con la LOMLOE forma parte de la misma secuencia de desencuentros o tiene algún rasgo singular. Para responder a la pregunta, me serviré del programa electoral del PSOE para junio 2016. En materia educativa, se recogía la siguiente propuesta:
Alcanzar un acuerdo político y social mediante el diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa una Ley básica de educación, con vocación de permanencia, que, además de garantizar un sistema educativo estable, basado en la equidad, la igualdad entre mujeres y hombres y la inclusividad, permita mejorar el aprendizaje, la formación educativa y la adquisición de competencias en todas las enseñanzas.
La propuesta se enmarca en el tradicional y loable deseo de un pacto educativo que conecta con el deseo de la inmensa mayoría de la sociedad española, y que podría ser asumido por la práctica totalidad de los grupos políticos.
Sin embargo, en el programa electoral para las elecciones del 10 de noviembre de 2019, se dice lo siguiente sobre el “pacto educativo”:
El Gobierno propondrá, durante los primeros seis meses de su mandato, una nueva Ley Básica de Educación que derogue la LOMCE, que blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años. El pacto educativo recogerá el compromiso de incrementar los recursos públicos destinados a la educación y becas, hasta situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB. La nueva Ley garantizará la plena participación en su desarrollo y aplicación, de la comunidad educativa.
Hay algunas diferencias notables respecto del programa electoral de 2016. La más significativa es que el PSOE ha abandonado el objetivo de alcanzar un acuerdo social y político mediante el diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa y que se traduzca en una ley con vocación de permanencia, y lo sustituye por la propuesta de una ley que responda a los acuerdos alcanzados en los últimos años (sic) por la comunidad educativa, cuando lo cierto es que incorporaría tan solo los de una parte de la comunidad educativa, los afines ideológicamente.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública, en su documento “La educación que queremos” (2016), planteaban que “se hace necesario que se realicen acuerdos entre todos los agentes sociales y políticos, para que el sistema educativo sea más estable y no dependa de los cambios de gobierno”. Es evidente que, tanto el Gobierno como la Plataforma, se han olvidado ya de ese punto que formaba parte de “los acuerdos de la Comunidad Educativa”. Pero es que la Plataforma Estatal no es “la” Comunidad Educativa. Es que ni siquiera representa a toda la escuela pública. Ahí está, por ejemplo, la postura crítica del sindicato ANPE que en su comunicado de 19 de noviembre, denuncia la falta de diálogo, negociación y consenso, y señala que tras su paso por el congreso “han convertido aquella propuesta inicial en un texto todavía más ideologizado, mediante la incorporación de medidas muy polémicas y controvertidas que polarizan y fraccionan cada vez más las posiciones políticas, sociales y territoriales en el ámbito educativo”. La postura del sindicato CSIF es también crítica por las formas y el contenido de las enmiendas a la LOMLOE introducidas en el Congreso, tal y como denuncian en sus comunicados del 11 y 19 de noviembre. Por su parte la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADI) ha lamentado la falta de consenso y la falta de estabilidad para el sistema educativo español. En declaraciones a Europa Press el Presidente de FEDADI añade: “queremos apostar e instar a los representantes de la ciudadanía, sea cual sea su ámbito o escenario de representación, por un trabajo futuro encaminado a que no haya más reformas de la ley de educación que salgan adelante sin el respaldo de un acuerdo ampliamente mayoritario y con el compromiso de su mantenimiento en el tiempo”. Y, por supuesto, de “la” Comunidad Educativa también forma parte el 33% de escuela privada y privada concertada, que se ha visto excluida y agredida durante toda la tramitación.
En definitiva, el PSOE pretende sacar adelante la LOMLOE, sin acuerdo ni consenso, porque ha renunciado al mismo, en origen. Y esto supone una diferencia cualitativa fundamental en la historia de la democracia. El pacto educativo solía estar casi siempre en las declaraciones programáticas de los grandes partidos políticos. Una cosa es fijarse un objetivo, trabajar por él (con mayor o menor sinceridad) y no conseguirlo, y otra muy diferente es que ni siquiera sea ya un objetivo programático. El resultado no podía ser otro: una nueva ley, la LOMLOE, excluyente, cuyos promotores no aspiran a lograr un pacto educativo, pero no porque hayan fracasado en el intento, sino porque ni lo contemplaban, ni se lo proponían. Un proyecto de Ley que durante la tramitación en el Congreso se ha radicalizado y empeorado ostensiblemente, me atrevería a decir que de espaldas al propio Ministerio, cosechando cada vez más críticas desde los más diversos sectores (hasta la RAE), incluidas organizaciones de la escuela pública.
El Partido Popular paralizó la implantación de la LOMCE y abrió una subcomisión en el Congreso para tratar de alcanzar un Pacto de Estado, Social y Político por la Educación. Nunca es tarde si la dicha es buena. El PSOE la abandonó con el argumento de que no había un compromiso de invertir el 5% del PIB. Ahora que está en el Gobierno, resulta que el gasto educativo en los presupuestos para 2021 bajará del 4,8% del PIB de 2020 al 4,5%, representando el 9,4% del gasto total, cuatro décimas menos que en 2020. Una cosa es predicar y otra dar trigo. En cualquier caso, aunque no puedan o quieran llegar al 5% del PIB, es urgente que el PSOE retome el sentido de estado y regrese a la senda del pacto y del consenso por la educación. Es difícil, pero debe intentarse. Para ello es imprescindible que paralice la tramitación de la LOMLOE y retome el trabajo de la subcomisión del Congreso. En definitiva, que evolucione hacia el pacto y abandone el camino de la ruptura y la radicalidad en la que parece haberse instalado.
José Antonio Poveda
Secretario Autonómico de Escuelas Católicas Madrid
