Es lógico y habitual hacer balance de lo vivido al finalizar un período (año natural, curso académico, etapa educativa, proceso terminado…). Sin embargo, las valoraciones suelen ser muy diferentes, dependiendo de los resultados obtenidos. En el caso del curso 2024-25, el resultado en el ámbito de política educativa es, sinceramente, romo y agridulce.
Cuando comenzamos a recorrer el presente curso que ahora finaliza, en aquel lejano septiembre de 2024, nuestras expectativas eran moderadamente optimistas ante la posibilidad de abordar viejos temas pendientes relativos a financiación pública (actualización del módulo de conciertos), autonomía pedagógica (en proyectos educativos), innovación (nuevas tecnologías, con la irrupción de la inteligencia artificial en las aulas)…
Sin embargo, a medida que transcurrían las semanas y los meses, observamos como todas aquellas expectativas se iban desdibujando como acuarelas en una gota de agua. La prometida constitución de la “Comisión de estudio del coste del puesto escolar” (prevista en la Disposición Adicional 29 de la LOE de 2006) se fue retrasando hasta desaparecer de la agenda ministerial. La esperada publicación del módulo estatal de conciertos para 2024, de obligado cumplimiento por Ley y necesario para la firma de las tablas salariales del personal docente en pago delegado, se convirtió en una carrera de obstáculos, en una partida de ajedrez (entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda) de final incierto y con las tablas sin aprobar.
Lo mismo ha sucedido con la esperada concertación del Bachillerato en distintas comunidades autónomas, las cuales han decidido retrasar esta importante medida, en una actitud poco valiente con las familias que desean elegir libremente el colegio de sus hijos también en la etapa postobligatoria, sin obstáculos económicos (los más pudientes siempre podrán elegir, pero lo importante es luchar porque también puedan los desfavorecidos).
Claramente, la apuesta más extendida de las administraciones durante este curso ha sido a favor de la extensión del Primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) pero de una manera muy desigual: el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas han promovido la creación de plazas públicas, sin tener en cuenta las existentes en la red privada, ni contemplar la posibilidad de financiar dichas plazas, como correspondía en el espíritu de la Unión Europea, al transferir fondos para “universalizar las plazas gratuitas en Educación Infantil”. Esta tendencia, unida a la baja natalidad, ha llevado a que una de cada cuatro escuelas de 0-3 hayan tenido que cerrar por inviabilidad económica en los últimos años y la situación empeora por momentos. Afortunadamente, algunos gobiernos autonómicos han comenzado a dar pasos en la financiación de plazas privadas para garantizar la libertad de elección, a la vez que promueven la creación de plazas públicas.
Y en el ámbito de autonomía pedagógica, el resultado ha sido muy negativo. El alarmismo de determinados colectivos ante el uso de dispositivos digitales en los colegios ha provocado la aprobación de normas autonómicas que cercenan dicha autonomía hasta límites sorprendentes, sobre todo en aquellos territorios abanderados de todo tipo de libertades, incluida la educativa. Insisto en que la utilización de estos dispositivos (excluidos los teléfonos móviles) está justificada en los entornos escolares, como forma de enseñar un correcto uso, evitar faltas y delitos por mala praxis y capacitar a los alumnos en competencias digitales incluidas en los perfiles de salida de cada etapa.
Por último, en el ámbito fiscal, la tasa de basuras aprobada por el Gobierno y aplicada por los ayuntamientos, ha sido una enorme losa para muchos colegios. Algunos piensan que puede ser la gota que rebose el vaso de la capacidad de resistencia de las entidades titulares. Desde Escuelas Católicas estamos luchando contra esta terrible injusticia, tanto en el campo mediático como en el político y contencioso-administrativo. Esperemos que los resultados positivos lleguen pronto.
En definitiva, un curso desaprovechado por la Administración para avanzar en muchos temas pendientes y garantizar la olvidada libertad de enseñanza, un poco más huérfana cada año. Un curso con más sombras que luces que, esperemos, sea compensado por un benevolente curso 2025-26.
Luis Centeno Caballero
Secretario General Adjunto de Escuelas Católicas
