Hay que reconocer que la Formación Profesional sigue su carrera ascendente, consolidando su transformación de “Cenicienta” a “Princesa” dentro del sistema educativo. La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional vino a establecer un sistema único, flexible y modular, a través de integrar la FP educativa (vinculada al sistema educativo y al Ministerio de Educación) y la FP laboral (vinculada a la formación para el empleo y al Ministerio de Trabajo), elevando su valor percibido hasta niveles próximos a la educación universitaria.
El diseño de la nueva FP fue integrador, conformando un listado de niveles, a través de cinco grados, modulares y acumulables entre sí, abarcando todas las necesidades potenciales de acreditación y reconocimiento profesional: acreditación parcial (A), certificado de competencia (B), certificado profesional (C), ciclo formativo (D – básico, medio, superior) y curso de especialización (E).
Asimismo, la nueva concepción supuso que toda la Formación Profesional incluyese un componente dual con prácticas en la empresa, aumentando la carga lectiva en centros de trabajo. Por último, favoreció el reconocimiento de los nuevos títulos, facilitando la movilidad de los titulados dentro del entorno europeo (reconocimiento europeo).
Con todos estos elementos, no era difícil imaginar que la Formación Profesional iba a despegar desde su modesta ubicación histórica (como una vía residual para los “malos estudiantes”), hasta niveles cercanos a la imagen ofrecida por estudios superiores universitarios. Y desde 2022 estamos siendo testigos de esta rápida ebullición exprés.
Ahora bien, como toda cocción rápida, no deja de estar exenta de riesgos, los cuales ya fueron advertidos por Escuelas Católicas hace tiempo, sin encontrar respuesta por parte del Ministerio de Educación, FP y Deportes.
Uno de sus principales riesgos fue la insuficiencia de empresas disponibles para ofrecer el nuevo espacio de formación práctica. Es evidente que un modelo de Formación Dual, con equilibrio entre formación teórica y práctica, es sumamente atractivo sobre el papel. Pero, por desgracia, no todas las zonas disponen de tejido empresarial o industrial suficiente para que los alumnos puedan realizar sus períodos de prácticas. Si a esto sumamos la obligación de incorporar a la Seguridad Social a estos alumnos, tenemos un obstáculo importante de compleja solución que requiere una mayor flexibilidad por parte de las administraciones educativas competentes.
El segundo riesgo es la irrupción de entidades ajenas al ámbito educativo (fondos de inversión, grandes grupos internacionales, etc.) que han detectado el potencial económico que supone la nueva FP. Dicho en otras palabras, la FP privada puede ser una actividad económica con enorme proyección a corto y medio plazo. Y esta realidad está provocando un desequilibrio creciente entre las redes de centros. Mientras la privada y la pública crecen (con diferentes recursos), la concertada apenas ha conseguido desdoblar ciclos por la negativa de las consejerías de educación a conceder nuevos conciertos.
Hace escasos días, el presidente del Gobierno ha anunciado de forma sorpresiva, la aprobación de un nuevo Real Decreto que “limitará la creación de centros privados de FP”, aduciendo el argumento populista de que “la educación no puede ser un negocio”. Desde nuestra postura de firme defensa de la libertad de enseñanza, consagrada en el Artículo 27 de la Constitución, no podemos aceptar esta muestra de intervencionismo estatal que supone cercenar el derecho de creación de centros. Ni podemos aceptar que cualquier centro privado que resulte atractivo para las familias y los alumnos, sea catalogado de “chiringuito” o de “burdo negocio”. Evidentemente, hay que vigilar el riesgo que supone la llegada de nuevos agentes al sector de la FP, pero conviene recordar que ningún centro educativo puede funcionar sin autorización administrativa de la Consejería de Educación y ésta se encarga de supervisar e inspeccionar el estricto cumplimiento de la normativa de requisitos mínimos (espacios e instalaciones, titulación del profesorado, ratios profesor/unidad, capacidad máxima), junto con la revisión de las programaciones académicas.
Seamos sinceros, uno de los motivos por los que la FP privada está creciendo exponencialmente, reside en el hecho de que la Administración no permite ni favorece el crecimiento natural de los centros clásicos de FP concertada. Estamos hablando de centros históricos, con extensa experiencia y reconocida solvencia (Salesianos, Hijas de la Caridad, Jesuitas, La Salle, OSCUS, Javerianas…) que desean atender toda la demanda de solicitudes de nuevos alumnos y no pueden por la visión negativa de la Administración. ¿Cuántos de los miles de alumnos que están escolarizados actualmente en centros privados de FP, no desearían cursar esos mismos ciclos en un centro concertado, de mayor solvencia y mucho menor coste?
Afrontemos los problemas con realismo: si queremos que la nueva FP sea un valor seguro y asequible para los jóvenes, flexibilicemos algunas de sus condiciones: prácticas ajustadas al tejido empresarial del entorno y facilidad para transformar ciclos antiguos con otros nuevos relacionados con las nuevas demandas de empleo. Y, por favor, ampliemos la financiación pública en ciclos de Grado Medio y Superior a aquellos centros de acreditada experiencia. De lo contrario, crecerá el desequilibrio entre redes y la posibilidad de que la olla de cocción rápida finalmente estalle por la presión.
Luis Centeno Caballero
Secretario general adjunto Escuelas Católicas
