Nota de Prensa

El informe hecho público por la organización CICAE reitera planteamientos ya expuestos en sus nueve informes anteriores, sin aportar novedades relevantes. El documento generaliza en toda la enseñanza concertada situaciones muy concretas que nada tienen que ver con los centros a los que representa Escuelas Católicas, y utiliza términos equívocos que confunden a la sociedad. Ante este nuevo ataque a nuestras instituciones, Escuelas Católicas reafirma su compromiso con la educación en condiciones de igualdad, la legalidad de las actuaciones y la transparencia en la gestión de los fondos públicos que sostienen a nuestros centros.

Ante este décimo intento  de sembrar dudas sobre la legitimidad y la función social de la red concertada, queremos aclarar lo siguiente:

• Financiación insuficiente: los colegios concertados realizan una labor esencial para garantizar la libertad de elección de las familias y la complementariedad de la red pública y concertada, a pesar de que la financiación pública destinada a cubrir los gastos de funcionamiento sigue siendo insuficiente. Los módulos económicos que fija la Administración llevan años sin actualizarse conforme al coste real del puesto escolar, incumpliéndose la Disposición Adicional 29 de la LOE (actualizada y ampliada por la LOMLOE en 2020). El incremento presupuestario de los últimos años apenas cubre los gastos de personal docente, y deja fuera necesidades esenciales como los gastos necesarios de personal no docente, mantenimiento, suministros o renovación de instalaciones. Esta infrafinanciación genera un déficit estructural que obliga a congregaciones, fundaciones y entidades titulares a asumir gran parte de los costes, en beneficio de toda la comunidad educativa. 
• Aportaciones voluntarias, no cuotas obligatorias: las denominadas “cuotas” a las que aluden algunos estudios no son tales. Se trata de aportaciones voluntarias o donaciones, reconocidas por la ley. Estas donaciones permiten cubrir déficits estructurales y se reinvierten íntegramente en los fines propios de la entidad no lucrativa, como por ejemplo, en el mantenimiento, mejora y sostenimiento de los proyectos educativos elegidos libremente por las familias. Sin embargo, en ningún caso sustituyen a la financiación que debería garantizar el Estado. 
• Legalidad y transparencia: las aportaciones voluntarias son legales conforme a la Ley 49/2002 de Mecenazgo y a la normativa educativa reguladora de los conciertos. Además, los centros concertados están sujetos a un triple control financiero: por parte del consejo escolar de centro, de la Administración educativa y de la Intervención de Hacienda, lo que garantiza una gestión transparente y ajustada a derecho.
• Una red sin ánimo de lucro y con vocación social: nuestros centros son promovidos por congregaciones religiosas o fundaciones, es decir, entidades  sin ánimo de lucro, cuyo único objetivo es ofrecer un proyecto educativo y social sólido, abierto y de calidad. La realidad de estos centros no tiene nada que ver con operaciones financieras puntuales de entidades mercantiles, que en ningún caso forman parte de nuestra organización.
• Derecho constitucional y complementariedad: la Constitución Española, en su artículo 27, reconoce el derecho de las familias a elegir el modelo educativo que desean para sus hijos. La red concertada no es subsidiaria de la pública, sino complementaria, y ambas conforman el sistema sostenido con fondos públicos que garantiza el acceso a la educación en condiciones de equidad.
  
  

Desde Escuelas Católicas reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la libertad de elección de las familias y la equidad en la educación. Frente a los intentos de desprestigio, reafirmamos que nuestra misión es educativa y social, no económica, y que nuestras puertas siempre están abiertas a la colaboración leal y constructiva con el conjunto de la comunidad educativa.