Más Plurales manifiesta su preocupación por la ambigüedad y arbitrariedad del plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno, así como su falta de realismo.

Especialmente perjudicial y discriminatoria para el sector resulta la medida para crear y financiar exclusivamente plazas de titularidad pública en el tramo 0-3 años, en un momento de brusca bajada de natalidad.

23 de mayo de 2021

El Gobierno ha presentado su “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” que contiene, con relación a educación, una serie de medidas para la modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0-3 años.

El documento contempla inversiones por una cantidad de 4.687 millones euros en los próximos años para su aplicación.

Este documento tampoco ha sido consultado, debatido ni negociado con las organizaciones representativas de la comunidad educativa, al menos del sector de la enseñanza concertada.

Mas plurales considera que la redacción dada al texto no garantiza en ningún momento que las acciones e inversiones que se van a efectuar acaben siendo aplicadas proporcionalmente y con los mismos criterios a todos los centros sostenidos con fondos públicos.

No queda claro en el documento si medidas como los Programas PROA, la creación de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable, o la incorporación de psicólogos, logopedas, rehabilitadores y asistentes de enseñanza para la atención de alumnado con discapacidad, van a ser aplicadas al sector de la enseñanza concertada. Todo indica, de nuevo, que esta posibilidad quedará en manos de la decisión política del gobierno autonómico de turno.

Mas Plurales considera discriminatoria y excluyente la decisión de crear hasta el año 2024 unas 65.000 plazas escolares de 1 y 2 años exclusivamente en centros de titularidad pública con una inversión de 670 millones de euros. Llama la atención que se pretenda crear este ingente número de plazas en un momento de fuerte bajada de la natalidad en nuestro país. El propio gobierno presentó ayer su INFORME 2050 en el que señala que en los próximos años, la escuela perderá 800.000 estudiantes y se tendrán que cerrar 33.000 aulas.

Asimismo, el gobierno no prevé financiación para la formalización de convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro tal y como permite la vigente ley de educación. De esta forma, el gobierno pone en serio riesgo de continuidad y viabilidad a miles de centros de educación infantil que desde hace décadas vienen prestando este servicio a la sociedad. Con esta medida, decenas de miles de profesionales, en su mayoría mujeres, perderán de forma progresiva sus puestos de trabajo en un sector y miles de familias no tendrán capacidad de elección de la educación que desean para sus hijos, por motivos económicos, perjudicando a las clases más desfavorecidas.

Mas plurales insiste en la necesidad de dialogar y acordar todas las medidas que repercuten en el sector, desde el convencimiento de que es posible mejorar el sistema educativo sin excluir a nadie y respetando a las instituciones, profesionales, familias y alumnado que están en él.

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Sobre Escuelas Católicas

Escuelas Católicas (EC) es la marca de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) y de Educación y Gestión (EyG). FERE-CECA asocia desde 1957 a los titulares de los centros educativos y EyG los representa en su vertiente empresarial desde 1989. Actualmente integra a 1.976 centros educativos católicos, la mayoría con algún nivel concertado. Gran parte de ellos son centros integrados, es decir, que cuentan con más de una etapa. Si separamos por niveles educativos hablaríamos de 1.756 centros de Educación Infantil, 1.704 de Educación Primaria, 1.641 de Educación Secundaria (ESO o FP Básica) y 776 centros de Bachillerato o FP de Grado Medio o Superior, es decir, de 5.877 entidades pedagógicas. En ellos se educan 1.216.907 alumnos y hay 102.948 trabajadores, de los que 83.682 son docentes.
Escuelas Católicas supone el 15% del total del sistema educativo y el 58% de la enseñanza privada concertada, lo que la convierte en la organización más representativa de este sector.

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