Escuelas Católicas ofrece su opinión ante determinadas cuestiones que están siendo objeto de debate y discusión en estos momentos y que afectan a los centros educativos, tales como las medidas para el desarrollo del tercer trimestre y el inicio del nuevo curso, el Plan para la Transición hacia una “nueva normalidad” o la posible aprobación de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE).

El 16 de abril informamos de las ideas claves de los acuerdos adoptados en la Conferencia Sectorial de Educación del 15 de abril de 2020, a la espera de la correspondiente Orden Ministerial que concretara las medidas derivadas de dichos acuerdos y las adaptaciones que llevaran a cabo las comunidades autónomas.

La referida Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, fue publicada en el BOE el pasado viernes 24 de abril, encontrándonos con la sorpresa de que la misma se limitó a recoger las “directrices generales” pactadas en la Conferencia Sectorial que habían recibido la conformidad de todas las comunidades autónomas, a excepción del País Vasco, Andalucía, Murcia, Madrid y Castilla y León.

Ello motivó que en esa misma fecha Escuelas Católicas hiciera pública una Nota de Prensa en la que se criticaba que la Orden Ministerial contenía una amplia delegación en las comunidades autónomas para adoptar las decisiones que consideraran oportunas, contribuyendo así a fomentar las desigualdades territoriales en materia de educación, e incluso contraviniendo la Constitución y la Ley Orgánica de Educación, en la medida en que, por ejemplo, permitía modificar las limitaciones para pasar de curso y para titular.

Una de esas medidas a nuestro entender ilegales se refiere a la admisión de alumnos y genera una especial preocupación: la posibilidad de atribuir las competencias de las comisiones de garantía de la escolarización (órgano colegiado con participación de representantes de los titulares de los centros, profesores y padres de alumnos) a la inspección educativa o a otra oficina administrativa (organismo unipersonal dependiente, no diseñado legalmente para ello), lo que provoca opacidad en el proceso y no ofrece las garantías necesarias para que se cumpla la libertad de elección de centro por parte de las familias.

Como consecuencia de todo ello, una Orden Ministerial cuyo objetivo debía ser el fijar para todo el Estado unas directrices claras y concretas sobre las actuaciones a desarrollar durante el tercer trimestre del curso escolar 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021 en el ámbito de la educación no universitaria (sin perjuicio de las especificidades que pudiera ser necesario establecer en cada comunidad autónoma), se ha traducido en una norma de intencionada ambigüedad que da amparo a que en cada territorio se estén dictando normativas ya no solo diferentes, sino incluso contradictorias entre sí, generando una gran confusión en la comunidad educativa.

Dentro de esta normativa, y con la excusa de la excepcionalidad de la situación en la que nos encontramos, algunas comunidades autónomas están procediendo a establecer procedimientos de admisión de alumnos de forma centralizada y a través de aplicativos informáticos de uso obligatorio, rompiendo así con el imprescindible primer contacto físico que debe existir entre las familias y los centros educativos por los que optan en el ejercicio de su derecho a la libre elección de centro; elección que precisa el pleno y cabal conocimiento (y aceptación) del proyecto educativo y del ideario del colegio que eligen. Por otro lado, esta centralización administrativa del proceso produce un aumento del riesgo, ya constado como real en cursos anteriores, de que el alumnado sea indebidamente desviado por la Administración educativa hacia centros públicos omitiendo la existencia de plazas disponibles en centros concertados que hubieran preferido elegir.

En este marco ya de por sí preocupante, el Consejo de Ministros aprobó el 28 de abril el “Plan de Transición hacia una Nueva Normalidad”, con el que pretende “conseguir que, manteniendo como referencia la protección de la salud pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica”. Podéis consultar el texto completo del Plan y sus anexos (Anexo I. Panel de Indicadores Integral; Anexo II. Previsión orientativa para el levantamiento de las limitaciones de ámbito nacional establecidas en el estado de alarma, en función de las fases de transición a una nueva normalidad; Anexo III. Cronograma orientativo para la transición hacia una nueva normalidad).

Este Plan del Gobierno, que ha de ser objeto de mayor concreción y desarrollo por el Ministerio de Sanidad, y cuyo fin sería la reactivación del país tras este dilatado periodo de confinamiento que estamos viviendo, se configura en 4 fases (cuyo progreso se basará en criterios objetivos pendientes de concretar) de duración mínima de dos semanas cada una de ellas, cuya unidad de aplicación será la provincia o la isla, y su aplicación será gradual, asimétrica, coordinada y adaptable. Plan que nos sitúa, en el mejor de los escenarios, a finales del mes de junio, y que, además, está siendo seriamente cuestionado desde diferentes instancias sociales y políticas.

De su lectura se desprende nuevamente una falta de concreción y de criterios claros, generando intranquilidad y preocupación en la ciudadanía y, de manera específica, en nuestro sector educativo. Así, tras señalar la importancia de procurar un final e inicio de curso ordenado, así como de potenciar las actividades educativas dirigidas, de recuperación del aprendizaje perdido en el confinamiento, o de refuerzo durante los meses de verano, y preparar los centros educativos con las medidas adecuadas para aumentar la seguridad sanitaria, en la configuración de las Fases del Anexo II se hace la siguiente referencia al ámbito de la Educación:

Ámbito de actividad

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Educación, Universidades

Se fomentará la educación on line o a distancia.

Los centros educativos abrirán para su desinfección, acondicionamiento y el trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y personal auxiliar. Apertura de Universidades para su desinfección, acondicionamiento y para gestiones administrativas y de investigación. Apertura de laboratorios universitarios.

Apertura de infantil hasta 6 años para familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización. Siempre con limitación de aforo.

Con carácter voluntario para los alumnos, los cursos terminales (4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP de Grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de régimen especial) comenzarán con división de los grupos de más de 15 estudiantes al 50% para asistencia alterna o en semigrupos paralelos.

Se permite la apertura de los centros de Educación Especial, y la asistencia de los alumnos tendrá carácter voluntario.

EBAU

Los centros educativos prepararán los programas de refuerzo educativo a desarrollar en el centro para los alumnos no mencionados anteriormente.

Y por su parte, en el cronograma orientativo que figura como Anexo III, se constatan algunas fechas de importancia para nuestro sector: el 30 de junio como fecha previsible para la finalización de las Fases 0 a III y el 15 de septiembre como fecha de inicio del curso escolar 2020-2021.

Pero más allá de esos datos, la característica principal de este Plan es, una vez más, la incertidumbre. Tras dos meses de suspensión de la actividad docente presencial, nuestros centros continúan sin tener unas referencias claras, preferiblemente consensuadas con los representantes de los distintos estamentos de la comunidad educativa, para afrontar el fin de este curso y el comienzo del próximo. De hecho, al menos en materia educativa, el Plan únicamente plantea nuevas incógnitas precisamente por adolecer de la ambigüedad e inconcreción con que se viene gestionando esta crisis desde su inicio, de manera que resulta imposible entender el alcance real de las medidas antes señaladas ni cómo se van a poder poner en práctica.

Ciertamente, resulta evidente que se precisa un desarrollo más delineado y que cualquier previsión se haya sometida a la prioridad sanitaria, pero ello no impide que se establezcan ya unos objetivos y procedimientos sobre los que los centros puedan empezar a trabajar con suficiente antelación y no se vean una vez más en la necesidad de improvisar.

En este sentido, hemos solicitado al Ministerio de Educación y Formación Profesional una mayor concreción en el ámbito educativo, confirmándonos que están trabajando en la fijación de unos criterios comunes con las comunidades autónomas, que serán las encargadas de su aplicación práctica, pero sin que tengamos aún datos respecto de sus términos ni de la fecha en que podrían estar fijados.

Al mismo tiempo que se diseña el contenido y el camino hacia la “Nueva Normalidad”, caracterizada de momento por la imprecisión, que muchas veces parece intencionada, y como si detrás operara el temor a desvelar las verdaderas intenciones de un Gobierno cuya gestión de la crisis está produciendo un serio déficit democrático, contemplamos cómo se produce una carrera contra reloj para aprobar la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, la conocida como LOMLOE, apresurando al máximo su tramitación parlamentaria y utilizando el escudo de la crisis del COVID-19 para distraer la atención de la ciudadanía y sustraer toda posibilidad de debate social, como debería ser deseable y esperable en una sociedad democrática.

Esta actitud contrasta con la afirmación de ese mismo Gobierno de que es imprescindible un gran Pacto de Estado para facilitar la reconstrucción social y económica del país tras la pandemia del coronavirus; pacto del que, sin embargo, se excluyen las cuestiones educativas pese a la gran importancia que tienen en esa reconstrucción, como se ha puesto de manifiesto por la “Plataforma Concertados” en una nota de prensa.

Pese a todo, confiamos en que se produzca a tiempo una reconducción de la posición del Gobierno, de forma que se respete la legalidad vigente, se fijen ya de forma clara y precisa los criterios para afrontar el final de este curso y el comienzo del próximo, tanto en los aspectos puramente académicos como también en los socio-laborales y sanitarios, se renuncie a la imposición de una nueva ley orgánica sin consenso y, en definitiva, se desvanezca el temor cada vez más creciente a que la “Nueva Normalidad” se transforme en una suerte de “Nueva Democracia” ajena por completo a los valores y principios que han caracterizado a nuestro país desde la transición.

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