El Gobierno sorprende con un Anteproyecto que deroga la LOMCE y modifica algunos artículos de la LOE y la LODE

Escuelas Católicas, decepcionada por el proceso diseñado por el Gobierno para modificar la LOE

Lo último que necesita nuestro sistema educativo es otro cambio legislativo sin consenso

20 de noviembre de 2018. “Anteproyecto de Ley de modificación de la LOE”

El Gobierno publica un Anteproyecto de Ley que supone cambios en la ordenación del sistema educativo y que contiene disposiciones que afectan al ejercicio de la libertad de enseñanza y, en concreto, al régimen de conciertos y al funcionamiento de los centros. Todo ello sin otorgar, hasta el momento, a la comunidad educativa la más mínima posibilidad de hacer propuestas, contradiciendo manifiestamente su compromiso de actuar con consenso y alegando una urgencia que lejos de ser educativa responde únicamente a intereses políticos.  

El Gobierno del PSOE abrió recientemente un periodo de “Consulta pública previa sobre un Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la actual Ley de Educación” para alcanzar una ley de consenso con participación de todos los sectores. Antes de agotar el plazo de dicha consulta, hizo públicas sus propuestas de modificación de la LOE, que confirmaban nuestros temores y acrecentaban nuestra preocupación al incluir modificaciones legislativas que afectaban de manera esencial al régimen jurídico y de funcionamiento de los centros concertados. A los pocos días, estas propuestas se han convertido en un Anteproyecto sin que haya habido tiempo material para que nadie pueda aportar nada y sin celebrar ningún encuentro con el sector.

Hasta ahora se ha criticado a la LOMCE por la falta de acuerdo con la comunidad educativa y tanto la Ministra de Educación como su Secretario de Estado, y sus socios parlamentarios, han reiterado su compromiso con una ley de consenso. Sin embargo, están repitiendo lo mismo que han criticado. El Ministerio de Educación apela a la “urgencia”, pero esa urgencia no es educativa sino política; da la impresión de que tanto el Ejecutivo como sus socios parlamentarios quieren aprovechar la breve duración de este Gobierno para hacer su voluntad, obviando las opiniones y la experiencia del sector. Máxime cuando se justifica dicha urgencia por algunas medidas polémicas y cuestionadas que la LOMCE implantaba pero que, curiosamente, estaban suspendidas desde 2016.

A falta de tiempo para analizar exhaustivamente el Anteproyecto de Ley nos preocupan algunos aspectos que llaman poderosamente la atención:

1. Demanda social. Se suprime el término y se sustituye por una redacción confusa. La eliminación de la demanda social supone omitir cualquier referencia a la libertad de enseñanza, algo extremadamente preocupante.

2. Autonomía pedagógica y organizativa. Aunque en la exposición de motivos se proclama la autonomía de los centros, no queda suficientemente garantizada en la práctica. De hecho, el principio de autonomía pedagógica y organizativa queda limitado por someter a los centros a un mayor control de la administración y del consejo escolar.

3. Asignatura de Religión. No hay referencia explícita a la regulación de esta materia en el Anteproyecto. Nos preocupa que en una posterior regulación, el Ministerio se apoye en sus propuestas iniciales, donde había una contradicción entre la intención de reducir su valor académico y el proclamado respeto a los acuerdos Iglesia-Estado.

4. Consejo escolar. Pasa de ser un órgano de participación y control a ser un órgano de gobierno y control, y se vuelve a introducir la figura del “comisario político”, un representante municipal cuya presencia no tiene razón de ser en los centros concertados, puesto que son de titularidad privada y los ayuntamientos no hacen ninguna aportación de fondos, a diferencia de lo que ocurre en los centros públicos.

5. Las medidas pedagógicas planteadas en el Anteproyecto requieren de un análisis más detallado ya que aún conteniendo aciertos, presentan aspectos discutibles.

Lo último que necesita nuestro sistema educativo es otro cambio legislativo sin consenso que siga sometiéndolo a continuos vaivenes. La actuación del Gobierno en este terreno necesita de una mínima dosis de coherencia entre el acuerdo que proclama buscar con la comunidad educativa y el menosprecio con el que está tratando a una parte de la misma.

En definitiva, esperamos que lleguemos a tiempo de reconducir esta situación, de que la voluntad de acuerdo se haga una realidad y de que se nos permita trabajar conjuntamente por la mejora del sistema educativo español, sin que haga falta llegar a otras medidas.

2018.11.20

Sobre Escuelas Católicas

Escuelas Católicas (EC) es la marca de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) y de Educación y Gestión (EyG). FERE-CECA asocia desde 1957 a los titulares de los centros educativos y EyG los representa en su vertiente empresarial desde 1989. Actualmente integra a 2.008 centros educativos católicos, la mayoría con algún nivel concertado. Gran parte de ellos son centros integrados, es decir, que cuentan con más de una etapa. Si separamos por niveles educativos hablaríamos de 1.779 centros de Educación Infantil, 1.723 de Educación Primaria, 1.663 de Educación Secundaria (ESO o FP Básica) y 774 centros de Bachillerato o FP de Grado Medio o Superior, es decir, de 5.939 entidades pedagógicas. En ellos se educan 1.202.146 alumnos y hay 100.858 trabajadores, de los que 82.134 son docentes.
Escuelas Católicas supone el 15% del total del sistema educativo y el 60% de la enseñanza privada concertada, lo que la convierte en la organización más representativa de este sector.

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