Departamento Jurídico Económico

Misión
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El asesoramiento general a los afiliados sobre asuntos concernientes al funcionamiento de los centros es la misión principal del departamento. Ello se consigue mediante la redacción de circulares y publicaciones, participación en reuniones informativas o bien la organización de jornadas para directivos.
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Al nivel interno el asesoramiento se lleva a cabo mediante información en la Junta Directiva, reuniones de secretarios autonómicos, proponiendo estrategias, colaboración y apoyo a los asesores autonómicos y provinciales y representación y defensa de Escuelas Católicas ante Tribunales de Justicia u otros organismos administrativos.
Funciones
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Elaborar propuestas sobre las novedades legislativas y en particular, sobre el proyecto de las leyes orgánicas del ámbito educativo.
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Profundizar en el diálogo con las distintas organizaciones sobre un posible Pacto social o Pacto de Estado por la Educación.
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Asesorar, informar y promover la formación de los equipos directivos de las instituciones y centros.
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Coadyuvar en la aplicación del objetivo general de asegurar el derecho de Escuelas Católicas a ser reconocida como sector afectado en representación de los titulares de centros por todas las administraciones públicas, elaborando propuestas y promoviendo acciones.
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Desarrollar en colaboración con el resto de departamentos las propuestas de los Seminarios de EC sobre la Nueva Configuración de la Función Directiva, Colaboración Interinstitucional y otras formas de titularidad de centros católicos y calidad en los centros católicos.
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Actualizar la definición de la organización del Departamento en el marco de la unión funcional, su coordinación y la implantación de la Asesoría en todas las CC.AA., atendiendo a las necesidades específicas de instituciones y centros.
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Colaborar en la promoción de un modelo de Calidad en la escuela católica que integre todas sus dimensiones en un contexto de actualización y revisión del carácter propio y del proyecto educativo.
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Defender desde la visión jurídica, y representar los intereses generales de las instituciones y centros afiliados.
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Colaborar en los intereses de las instituciones y centros en la negociación colectiva en todos sus ámbitos.
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Analizar el sistema de financiación pública de los centros privados concertados y elaborar propuestas que hagan efectivo el principio de gratuidad, mediante la financiación del coste real del puesto escolar.